La Contraloría avanza en dos procesos en responsabilidad fiscal por más de $21 mil millones de pesos

Alan Jara Urzola, exgobernador del departamento del Meta, se encuentra en la mira de la Contraloría General de la República por dos procesos de responsabilidad fiscal, donde el funcionario fue llamado a responder por más de $21 mil millones de pesos, empleados durante su mandato. Así lo expresó el comunicado de prensa n°68 de la Contraloría publicado el día de ayer.

Uno de los procesos, apenas abierto en febrero de este año, por los que es investigado Jara es por el giro de más de $9 mil 220 millones realizados por la Gobernación a la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), representados en contratos suscritos para adelantar estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta. “En este caso, no se ha establecido el beneficio de los recursos girados por la Gobernación, situación agravada por el hecho de que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en ese momento”, indicó el ente investigador.

Durante las investigaciones que adelanta la Contraloría sobre estos contratos, se encontró que el exgobernador Jara, mientras ejercía su gobierno en el departamento del Meta, era miembro activo de la Junta Directiva de Llanopetrol. Por esta razón, fueron citados a responder funcionarios de su administración como: Luz Stella Casasfranco Vanegas, Secretaria Jurídica del Departamento; Hernando Martínez Aguilera, entonces Director de Planeación del Departamento; y Jairo Iván Frías Carreño, Secretario de Hacienda del Departamento. Además, se ligó al proceso a Ricardo Rodríguez Henao, quien por ese tiempo era Gerente de Llanopetrol.

Las irregularidades encontradas se centran en el aval que dio la Gobernación a Llanopetrol, una vez radicado el proyecto de refinería el 11 de mayo de 2012, la Contraloría estableció que dicha empresa no se encontraba constituida legalmente, aun así fue otorgado un concepto propicio de viabilidad técnica, económica y financiera, "sin pronunciarse de manera alguna sobre las inconsistencias evidenciadas en el proyecto, y le giró a Llanopetrol recursos por más de $18 mil millones, de los cuales $9 mil 220 millones eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento”.

Obras inservibles, el otro castillo de arena

En abril de 2017, se vinculó a Jara en otro proceso para responder por los más de $12 mil 293 millones pesos, recursos de la comunidad y Ecopetrol con que se pagó a totalidad por la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, convenio para la obra de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y una planta de tratamiento de aguas residuales que nunca entraron en funcionamiento.

La Empresa de Servicios Públicos del Meta (EDESA S.A EDESA S.A. E.S.P) recibió los recursos para la construcción y ejecución del contrato de la obra (531/2011, consecutivo asignado), pero “solamente se entregaron redes de alcantarillado pluvial y sanitario parciales respecto a la comunidad que debía beneficiar y sin prestación de servicio alguno, por cuanto no existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”, agrega el comunicado. Asimismo, se pudo establecer que la obra, para ese entonces, no disponía del permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimiento; así como la planta de tratamiento de aguas residuales.

Junto a Alan Jara, fueron llamados a responder por su participación a José Edgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, exgerentes de EDESA S.A. E.S.P., y el también exgobernador Darío Vásquez Sánchez. De igual manera, Héctor Andrés Castro Rey y Marilu Pulido Ramírez, gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAVV E.S.P.; Fernando Alonso Rojas Rincón, contratista del proyecto, y las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos COINAR LTDA. e INGECOL S.A., representadas legalmente por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, respectivamente, y también a los funcionarios administradores y gestores de ese convenio.

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